Por Dirk Nimmegeers. Artículo extraído del nº110 de "Etudes Marxistes", revista teórica del Partido del Trabajo de Bélgica.
¿El IV pleno del XVIII Comité Central del Partido Comunista de China sobre el Estado de derecho tendrá, para la vía que pretende adoptar el país, la misma importancia que el III pleno de 2013, que trataba de economía? Del 20 al 23 de octubre de 2014, el PCCh celebró su asamblea general anual.
Esta vez, la prensa extranjera dedicó mucha menos atención a la asamblea. Los creadores de opinión pública admitieron que había cierta perspectiva de progreso: “Las propuestas pueden ser favorables a las víctimas de los funcionarios locales corruptos.” No obstante la opinión general en Occidente era muy típica: “El PCCh no se ha visto obligado a someterse al Estado de derecho, se trata por lo tanto de una engañifa”.
Un sistema jurídico realmente existente
El discurso dominante sobre China pretende que allí la justicia es arbitraria, que se puede someter a los jueces al chantaje y que los ciudadanos no tienen derechos. Es raro oír a especialistas con una visión más realista, como los informadores del Banco Mundial o el jurista australiano Randall Peerenboom. Estos dicen que el sistema jurídico establecido en China es manifiestamente mejor que el de la mayoría de los demás países del tercer mundo, y que está en la misma línea que la vía ascendente adoptada por China para pasar de la pobreza a una prosperidad media. El presidente del parlamento Wu Bangguo hacía saber en 2011 que “el sistema jurídico socialista de China, en el que legisladores y juristas han trabajado desde los años 80, está establecido de ahora en adelante”. Durante la IV sesión plenaria, se han decidido reformas que tenían como principal objetivo hacer respetar esta legislación de calidad por todo el mundo, incluyendo al PCCh y los funcionarios públicos.
Este IV sesión pleno debía tratar efectivamente del Estado de derecho. En la Constitución está escrito desde 1999: “Todos los servicios del Estado, partidos políticos e instituciones públicas deben respetar la Constitución y las demás leyes. […] Ninguna organización, ningún individuo está por encima”, pero es precisamente allí donde se encuentra el problema desde hace años. El Estado de derecho existe sobre el papel, pero no está siendo puesto en práctica por los funcionarios y los cuadros corruptos del partido. Buscan el interés personal en detrimento de su función en la sociedad. Abusan de su poder, infringiendo así la Constitución y sus leyes. Que hayan podido hacerlo impunemente se debe a la colusión de intereses y la ausencia de control, control que debería ser ejercido tanto por el partido y las autoridades como por la población. El PCCh ha cometido sin duda errores en su política de reclutamiento y en la inspección del partido. El partido ha dejado entrar y actuar a arribistas y personas que no buscaban más que enriquecerse. Ahora, pretende acudir en mayor medida y de manera más eficiente en ayuda de la población, a fin de impedir que ocurran este tipo de cosas en el futuro. La corrupción ha erosionado la confianza del público en el PCCh y en la política en general. El pleno ha decidido enmendar la legislación y al mismo tiempo ha tomado medida concretas con el fin de que el trabajo de jueces y legisladores de y la Comisión Central de Investigación Disciplinaria (CCID), encargada del control interno del partido, sean menos permeables a la influencia de los apoderados locales. El presidente Xi ha defendido las decisiones durante la reunión del grupo dirigente de las reformas generales. Xi Jinping ha insistido diciendo que la mejora del “Estado de derecho” se haría en el marco del “socialismo con características chinas”. Dijo que no se trataba de una copia de una democracia liberal occidental. El pleno ha avanzado más de 180 medidas concretas. El parlamento chino va a aplicarse más rápidamente en una legislación nacional contra la corrupción. La ley debe convertirse en un instrumento eficaz, de manera que los funcionarios “no se atrevan más, no puedan más, no deseen más operar en la corrupción”.
Habrá una protección para los que pongan denuncias. En la actualidad, los ciudadanos tienen demasiado miedo de posibles represalias por parte de los cuadros que denuncian. El procurador general de China (el nivel más elevado del ministerio público en justicia) anuncia que las personas que cometan actos reprehensibles tienen derecho a una protección y a una recompensa. Exige que los ciudadanos expresen sus quejas por los canales oficiales – tales como líneas telefónicas o páginas web de denuncia recientemente instauradas – y promete una reacción rápida. Las personas que no recurran a estos canales oficiales no tendrán derecho a una protección.
En China, el Estado de derecho es socialista
Hay importantes aspectos de la legislación china que apenas difieren de lo que es considerado correcto y necesario a nivel mundial. Sin duda, la medida jurídica más controvertida de China es la pena de muerte. De momento, ésta está siendo objeto de una discusión entre los miembros del gobierno, juristas y amplias capas de la población.
La gran diferencia está en que el Comité Central ha confirmado efectivamente que China seguiría su propio camino. Y este camino es un Estado de derecho socialista, con características chinas. No se parte, por tanto, de la concepción generalmente en boga en Occidente, según la cual la ley y la justicia son neutras, que están por encima de la sociedad y que no son una expresión de las ideas dominantes, ideas de la clase dirigente de nuestra sociedad. El Estado de derecho chino, explica el Comité Central, debe hacer respetar una constitución y una legislación que tiene por objetivo el hacer funcionar de la mejor manera y en toda justicia una sociedad y un aparato político de carácter socialista.
En la Constitución, la palabra “socialismo” aparece 9 veces y el calificativo “socialista” 38 veces. El artículo 13 protege el derecho de los ciudadanos a la propiedad y a una herencia obtenida por vías legales. Pero el artículo 6 dice que la propiedad estatal de los medios de producción constituye el fundamento del sistema económico y señala que esto implica la propiedad de todo el pueblo o de las colectividades, principalmente la propiedad estatal, junto con otras formas de propiedad que aporten una contribución importante. El artículo 6 también incluye el famoso principio socialista que dice que “cada uno debe contribuir según sus posibilidades y debe recibir según su trabajo”. Los 23 artículos del capítulo 2 tratan de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. Ponen sobre todo la atención en lo que el Estado debe hacer para que se pueda gozar del derecho a la participación a la vida política, la enseñanza, la religión (mientras esto sea deseado), el trabajo, los cuidados sanitarios. La Constitución belga también habla del derecho al trabajo, a la enseñanza y de un gran número de otros derechos, pero el papel que el Estado debe jugar allí brilla por su ausencia.
En el futuro, todos los funcionarios nombrados por el parlamento nacional o los parlamentos locales tendrán que prestar públicamente el juramento de respetar la Constitución. Esta última ganará así en autoridad. “Para dirigir de acuerdo con la ley, debemos dar prioridad a la autoridad de la Constitución”, ha declarado el presidente Xi. Todos los ciudadanos, el gobierno, el ejército, los partidos políticos, la organización social y las empresas deben tomar sus responsabilidades y velar por que la Constitución sea respetada. Para darle más realce al asunto, de ahora en adelante se celebrará el “Día de la Constitución” el 4 de diciembre. El parlamento nacional debe mostrarse más activo en el control de la aplicación de la Constitución, de manera a mejorar los procedimientos relativos a su interpretación. Todas las reglamentaciones anunciadas por el gobierno deben ser probadas en función de su carácter constitucional, y allí donde sea necesaria, ser adaptadas o suprimidas.
El PCCh: a la cabeza, pero no por encima de la ley
El Partido Comunista de China ha jugado un papel preponderante en la resistencia a la invasión y la ocupación japonesas (1937-1945), en la reconquista de la soberanía china y en la reunificación (casi total) de China. Tras la derrota de los nacionalistas después de la guerra civil, el PCCh, que había obtenido la victoria, ha gozado del apoyo de la mayoría del pueblo. El partido ha asumido por lo tanto la responsabilidad de transformar el país, semi-feudal y semi-colonizado, en una potencia industrial independiente, donde “cada uno tenga lo suficiente para alimentarse y vestirse”. Según el partido, China necesitaba el socialismo si no quería perder de nuevo lo que había conquistado, a saber su soberanía y su unidad. Este papel preponderante del partido no está siendo cuestionado. El PCCh considera que esto garantiza que el país siga siendo socialista. Después del pleno, por consiguiente, China seguirá siendo un Estado con un partido comunista dominante, cuyos cuadros serán omnipresentes en el terreno legislativo, ejecutivo y judicial.
No obstante, el IV pleno traerá grandes cambios.
La autoridad pública
Los consejos populares proveen a diferentes niveles al poder ejecutivo de ministros, gobernadores, consejeros, funcionarios, y al poder judicial de jueces, procuradores, abogados y funcionarios. El gobierno, así como los tribunales a todos los niveles, envían informes a los consejos populares, y éstos los evalúan. Esta vez, el IV pleno ha decidido que habría una comisión de arbitraje cuya función sea la de intervenir cuando las reglamentaciones de diversos ministros u autoridades locales estén en contradicción. El funcionamiento interno de las autoridades estará mejor controlado. Un método para conseguirlo consiste en dividir las competencias dentro de las secciones que actualmente están demasiado centralizadas, para el otorgamiento de presupuestos, la gestión de activos del Estado, las inversiones y las adquisiciones públicas, la transferencia de la propiedad pública y los trabajos públicos. La vigilancia será reforzada en seguridad alimentaria, así como la seguridad en materia de medicamentos, inspección de la calidad de los productos, sanidad pública, seguridad en el lugar de trabajo, turismo, medio ambiente, materias primas, agricultura, gestión del agua y pesca.
Autoridad pública y legalidad
Una lista de competencias y responsabilidades a todos los niveles del gobierno y de la función pública debe crear las condiciones para que el ejercicio del poder se haga de acuerdo con la ley. Estará prohibido ejercer otras competencias aparte de las que están mencionadas en la lista – lista que los ciudadanos podrán consultar. La intención es que las autoridades mismas vean claramente cómo funciona la ley y se atengan estrictamente a los procedimientos. Con las nuevas reglas, será más difícil para los funcionarios obviar la ley, colocarse por encima de las leyes o abusar de la ley en provecho propio. Habrá auditorías sobre la utilización del poder y los abusos de poder. Para el proceso de toma de decisiones en cuestiones importantes, serán elaborados procedimientos que incluyan: la participación de los ciudadanos, discusiones con expertos, análisis de riesgos, control jurídico y discusiones en grupo. Se podrá reclamar cuentas a los funcionarios que cometan faltan graves durante toda su vida. El sistema de vigilantes urbanos (Chengguan), contra el cual se han dicho cosas tales como “muchas veces va demasiado lejos”, será revisado.
La justicia
La justicia será reformada para que haya menos juicios parciales y jueces corruptos. Hoy, algunos jueces y procuradores reciben sobornos para manipular los juicios. Llegan incluso a aceptar sobornos de ambas partes. Según Xi Jinping, “la justicia es la última línea de defensa para la justicia social. Si es deficiente, mucha gente dudará de la posibilidad de hacer realidad la justicia social y la estabilidad estará comprometida.” El plan de reforma del pleno incluye medidas destinadas a reforzar la posición de jueces y procuradores. Habrá medidas destinadas a controlar las intervenciones de los cuadros superiores del partido y altos funcionarios en los juicios, a dar a conocer sus infracciones, a hacerles responsables de las mismas y sancionarlos. Aquel que pretenda sabotear los procedimientos judiciales con dinero, ejerciendo presiones o recurriendo a la violencia podrá ser condenado a cadena perpetua. Las víctimas de tales infracciones pueden contar de ahora en adelante con la protección de la inspección disciplinaria, la CCID. Además, nuevos tribunales transversales especializados deberán impedir injerencias inaceptables de parte de las autoridades locales. Los gobiernos y los tribunales (en los niveles local y central) serán más independientes con respecto a ciertas personas que operan de manera organizada o no.
Las relaciones entre jueces, partes y abogados estarán reguladas oficialmente. Las “reglas no escritas”, las componendas con la ley por medio de pagos, los representantes de la ley distribuyendo privilegios y recurriendo a la violencia: todo esto debe desaparecer. Los tribunales serán animados a iniciar procesos judiciales contra los órganos de las autoridades.
Promoción de la competencia de la justicia
La corte suprema instaurará tribunales y procuradores que cubran diversas regiones administrativas a fin de limitar las intervenciones de las autoridades locales y hacer más independientes a la justicia. Esta medida también es necesaria por el desarrollo económico de China, que hace que cada vez hay más juicios implicando diversas regiones administrativas, tratando de asuntos que suponen sumas de dinero cada vez más importantes. Estos nuevos tribunales deberán especializarse en conflictos administrativos, civiles y comerciales y basarse en asuntos importantes para crear jurisprudencia. Los simples tribunales pueden así dedicarse plenamente a los asuntos locales. Se prevé que el ministerio público tome la iniciativa del proceso con miras a proteger el asunto público. Ciudadanos, empresas y otras organizaciones pueden de ahora de adelante iniciar procesos judiciales para la protección del interés público. Puede tratarse, por ejemplo, de la protección de los activos del Estado, la venta de derechos de usufructo en terrenos propiedad del Estado, la protección del medio ambiente o los recursos naturales. Los actos ilegales de parte de las autoridades en este terreno aún no podían ser perseguidos por la justicia. Esto va a cambiar a partir de ahora.
La nueva cultura del Estado de derecho
Bajo la dirección de Xi Jinping, el PCCh desea introducir una nueva ética respecto de la justicia y la ley en el partido y la sociedad. Según el presidente Xi, una cultura de la integridad y la legalidad debe convertirse en “la nueva norma”. Será establecido un sistema a fin de controlar la validez de las decisiones importantes del Estado y los órganos de poder tendrán a su disposición consejeros jurídicos para asegurarse de que observan bien la ley.
Está justificado cierto escepticismo por parte de los que modelan la opinión pública en Occidente y en China con respecto a las probabilidades de éxito del conjunto del proyecto. Existe una definición más amplia del concepto de “Estado de derecho” que concibe más bien una legislación y una jurisprudencia correctas, a saber la libertad de elecciones, la libertad de expresión y organización, entre otras. No obstante, estos aspectos del Estado de derecho no figuraban en el orden del día del IV pleno. Se observa en estos terrenos un progreso irreversible, pero es a veces de una lentitud exasperante. Ante las opiniones extremadamente críticas o percibidas como amenazas por el poder, la reacción se suele caracterizar por una tendencia a la opresión más que por la argumentación. Los dirigentes y las autoridades políticas temen la injerencia o el sabotaje desde el extranjero y se dan cuenta de que su soft power aún no representa gran cosa. Es posible que su estimación sea exagerada o incorrecta, y sobre todo que la censura y el control de la población tengan el efecto contrario. Esto nos lo dirá el futuro.
Es sobre todo en los comentarios occidentales que parece considerarse que China debería tender hacia un Estado de derecho de un determinado tipo. Un Estado de derecho en el que el PCCh se distanciara de su papel preponderante. Este no será el caso: la explicación dada tras el pleno ha confirmado la autodeterminación de China y el papel preponderante del partido en la política y las reformas. China hace las cosas mejor que la mayoría de países en vías de desarrollo y consigue importantes logros económicos así como en el plano de la seguridad alimentaria y la lucha duradera contra la pobreza. La República Popular ha progresado mucho y está alcanzando lentamente el nivel de países con ingresos medios en importantes terrenos como la salud, la enseñanza, el bienestar, la administración cotidiana, la seguridad jurídica y la justicia penal. Los dirigentes chinos siguen convencidos de que no se puede dejar que esto vaya a pique y de que sólo el socialismo con características chinas y el monopolio del poder del PCCh pueden garantizarlo.
Dirk Nimmegeers es redactor de ChinaSquare.be y China Vandaag (China hoy), dos publicaciones de la Asociación China-Bélgica.
Fuentes
« Decision of the CPC Central Committee on Major Issues Concerning Comprehensively Advancing the Rule of Law », comunicado del XVIII Comité Central del Partido Comunista de China, después de su IV pleno, el 23 octubre 2014. En el siguiente enlace aparece el texto chino original, precedido de su traducción al inglés por China Copyright and Media:
Constitución de la República Popular China, adoptada el 4 de diciembre de 1982, http://mjp.univ-perp.fr/constit/cn.htm
Texto integral de los estatutos del Partido Comunista de China, revisados y adoptados por el XVIII Congreso del Partido Comunista de China el 14 de noviembre de 2012, http://cd.chineseembassy.org/fra/xw/t988944.htm
Randall Peerenboom, « Fly High the Banner of Socialist Rule of Law with Chinese Characteristics! What Does the 4th Plenum Decision Mean for Legal Reforms in China? », Universidad de La Trobe, Facultad de derecho y gestión empresarial; Universidad de Oxford, Centro de Estudios Socio-Legales, 6 de noviembre de 2014, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2519917
Dirk Nimmegeers, “Een andere rechtsstaat is mogelijk?”, http://www.chinasquare.be/achtergrond/een-andere-rechtsstaat-mogelijk-volgens-de-chinese-leiders
Frank Willems, “De plannen van hetplenum”, http://www.chinasquare.be/achtergrond/de-plannen-van-het-plenum
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